Se ha aprobado en España el anteproyecto de ley de eficiencia digital del Servicio Público de Justicia. Esta ley se desarrolla en base a la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, para adaptar la legislación española al cumplimiento de la normativa europea.
Debe tenerse presente que con esta ley lo que se pretende es que exista en España una herramienta normativa para regular la digitalización del Sistema de Justicia y de sus procesos, regulándose a través de esta los derechos y deberes digitales dentro de la Administración de Justicia y la digitalización de sus procesos, como serían el acceso digital a la Administración de Justicia o la tramitación electrónica de procedimientos judiciales, entre otros.
Esta ley será bastante extensa, ya que con ella se pretenden regular todos los aspectos relativos a la digitalización de la Administración de Justicia y todo su sistema.
Además, con esta ley se pretende lograr asimismo una armonización legislativa de las diferentes legislaciones (civil, penal, administrativa y social), en su ámbito procesal.
Aunque esta ley es el marco legal y teórico de esta digitalización, siendo necesario la implantación de medios y presupuesto para llevar a cabo realmente ese proceso de digitalización, mediante el desarrollo de software y la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos judiciales, como sería la Inteligencia Artificial.
Esta ley presenta una serie de ventajas, que demuestran todos los beneficios que tendrá la implementación de esta una vez que se apruebe, y estos serán expuestos a continuación.
En primer lugar, esta actualización del sistema judicial favorecerá a evitar las dilaciones indebidas que se producen en la actualidad. En estos momentos, existe una gran carga de trabajo judicial para los empleados de la Administración de Justicia, que se ve retrasado en muchas ocasiones, dada la lentitud de los procesos al seguir utilizándose como medio principal el papel impreso, o los envíos de información por correo postal, por ejemplo. La digitalización del sistema favorecerá a la resolución de asuntos y trámites, ya que, a través de Internet, se agilizan los trámites, pudiendo resolverse con mayor prontitud.
Por otra parte, teniendo en cuenta que esta ley se aprobará con posterioridad a la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; facilitará que se cumpla lo expuesto en relación con la protección de datos, tanto en la ley española como en el RGPD, a nivel europeo. Esto se debe a que, el desarrollo software y la digitalización se implementará directamente con la nueva normativa de protección de datos, no siendo necesaria la actualización de su sistema, como sucedió con otros sistemas gubernamentales que tuvieron que adaptarse a la nueva normativa en protección de datos.
Asimismo, la eficiencia digital del sistema judicial supondrá una gran ventaja para abogados y procuradores, que podrán realizar los diferentes trámites y procesos a través de Internet y evitando los desplazamientos, lo cual, no solo supondrá una disminución de los costes de los procesos para ellos, sino que, además, les facilitará el poder gestionar mejor su tiempo, al reducirse el tiempo que necesitarían invertir si tuviesen que desplazarse a la sede judicial.
Al mismo tiempo y atendiendo a lo expuesto anteriormente, la digitalización favorecerá a prevenir la saturación de las sedes de justicia, ya que, muchos de los actos o trámites que actualmente se realizan de forma presencial, se podrán realizar a través de las nuevas tecnologías, evitando así que se produzcan aglomeraciones de personas dentro de las sedes judiciales, lo cual se valora muy positivamente en atención a la situación sanitaria.
Por otra parte, podría observarse cierta creación de empleo en el sector privado, teniendo en cuenta que, esta ley de eficiencia digital está destinada a digitalizar los procesos judiciales, pero eso también implicará que muchos despachos de abogados tendrán que actualizar y digitalizar sus servicios, favoreciendo así al aumento de trabajo para diferentes empresas tecnológicas que se dediquen al desarrollo software y digitalización de procesos.
Conjuntamente, con lo mencionado anteriormente, puede verse que el Gobierno también ha tomado medidas en este aspecto, mediante el desarrollo de bonos digitales, como serían, los propuestos dentro de su programa Kit Digital, destinado a la digitalización de pequeñas y medianas empresas y de autónomos.
Finalmente, esta modernización e inclusión de las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia, también abrirá la puerta a una mejora en la comunicación del propio sistema judicial, dicho de otro modo, la digitalización de los procesos facilitará el contacto entre diferentes órganos judiciales y de administración de justicia, entre las diferentes provincias y Comunidades Autónomas, así como con los órganos a nivel nacional o centralizados.
En síntesis, a través de esta Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, se logrará una mayor agilización de los procesos y trámites, mejorando la comunicación entre las diferentes partes de los procesos, desde abogados con el sistema de justicia, hasta el contacto entre órganos judiciales de diferente rango y localidad. Además, se logrará una adaptación del sistema de justicia a la era actual, a la era digital, predominante en la actualidad en prácticamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y de los Gobiernos.
Para concluir, las nuevas tecnologías hoy en día forman parte de la sociedad y están en constante evolución; y por ello, es un acierto que una parte vital de la democracia de un país, como es su sistema de justicia, se modernice y entre en la era digital, ya que, debe tenerse presente que las nuevas tecnologías son una herramienta destinada a facilitar y mejorar a la sociedad, siempre que se utilicen estas de forma positiva y con seguridad. Asimismo, cada vez es más común la ciberdelincuencia, motivo por el que se ha tenido que ir adaptando el Código Penal, por lo que es realmente lógico que se produzca esta adaptación a la digitalización del Servicio Público de Justicia.
Andrea Fariña Pérez
Paralegal
SISTEMIUS
